Es preocupante que la crisis que priva en el campo mexicano se encuentre fuera de la discusión pública, sobre todo cuando ésta no sólo representa un grave problema para nuestras y nuestro productores, sino que también, condiciona el derecho a la alimentación de las y los mexicanos, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro apuntó no solo se trata de autosuficiencia alimentaria, meta que debe insistirse en alcanzar, sino de crear un mercado interno específico de productos alimentarios, en concordancia con acciones de un Estado que sea promotor del desarrollo.
“Es estratégico que tanto gobiernos locales como el federal doten de herramientas jurídicas y legales, así como de garantías a los productores agrícolas, ganaderos, piscícolas y sus derivados, enfocados a satisfacer el mercado interno como prioridad y, en segunda instancia, a la exportación; creando programas de inversión accesibles para el pequeño y mediano productor, así como el acceso a paquetes tecnológicos que maximicen la producción”.
La también integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apuntó que los altos costos de producción, la elevada inflación y la sequía que se avizora para varios estados de la República son algunos de los problemas que enfrenta el campo en nuestro país.
“El hecho que es que además del incremento de los insumos, nuestras y nuestros productores encuentran en los eventos climáticos extremos, graves problemas, pues las sequías, inundaciones, incendios y fenómenos meteorológicos impredecibles amenazan la estabilidad de las cosechas, afectando tanto la producción como la calidad de los alimentos”.
Julieta Gallardo recalcó que de acuerdo con los especialistas existen cerca de cinco millones de unidades de producción trabajando en 32 millones de hectáreas; en tanto que tres millones de hectáreas permanecen inactivas por problemas legales o de crédito, mientras que el 46 por ciento del área rural del país, equivalente a 192 millones de hectáreas no está plenamente aprovechada.
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