Respeto a los espacios para las personas con discapacidad, es responsabilidad de todas y todos: Víctor Zurita

-Toda acción que atente contra la inclusión, opaca la lucha que se ha venido realizando para cambiar el paradigma respecto del trato hacia las personas que viven con discapacidad

Respetar los espacios designados a las personas con discapacidad, es una responsabilidad de todas y todos, pues ello abona a su inclusión y desarrollo, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, apuntó que en el caso de la comunidad sorda, el respeto a espacios de acceso a intérpretes de lengua de señas, no implica solamente un espacio físico sino el garantizar su  derecho a recibir información y a ser partícipes de actividades públicos en nuestra lengua materna.

“Es importante que todas y todos asumamos que la inclusión es un derecho de las personas con discapacidad y un deber de la sociedad, sobre el cual debemos conducirnos responsablemente, máxime en el caso de quienes ostentamos un cargo público”.

Víctor Zurita subrayó que toda acción que atente contra la inclusión, opaca la lucha que se ha venido realizando para cambiar el paradigma respecto del trato hacia las personas que viven con discapacidad.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud, señala que alrededor de un 15 por ciento de la población mundial, es decir, mil millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad, y luchan día a día para que se generen las condiciones para aportar su talento y valores a la sociedad.

“Las personas que vivimos bajo esta condición solemos enfrentar las múltiples barreras en los distintos ámbitos; desde la falta de acceso a la información, la casi nula accesibilidad a los servicios que ofrece el estado y la acentuada discriminación social”.

Por ello finalizó que la inclusión no debe ser un concepto aspiracional, sino un cambio de paradigma a todo nivel, así como una transformación en las políticas públicas, para que se garantice una participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad.