Por : Rafael García Tinajero Pérez.
El funcionamiento del sistema de salud se enmarca en lo que llamamos pacto federal , especialmente en lo relativo a la distribución de transferencias federales y el financiamiento de salud.
La crisis sanitaria debida a la pandemia por COVID-19 vino a poner de relieve los serios problemas estructurales preexistentes en nuestro Sistema Nacional de Salud el cual está altamente fragmentado, con grave rezago de financiamiento público y severas desigualdades en la cobertura y calidad de servicios entre sus distintos segmentos y las regiones del país. Para colmo de males, la pandemia encontró a México en el momento de una deficiente, inhábil y caótica remodelación del sistema de salud que hizo más severo el impacto de esta sobre el mismo, aumentó la carga de la enfermedad y ha sido causa de miles de muertes que no debieron ser
Pacto federal, Sistema de Salud y políticas públicas en la materia fueron sacudidas por el golpe demoledor del COVID-19.
Hacia finales del 2019 se aprobó la creación del Instituto Nacional del Bienestar ( INSABI), éste vendría a sustituir al Seguro Popular (SP) . El SP era el mecanismo financiero para pagar los servicios de salud, medicinas y otros insumos de personas sin seguridad social en las entidades federativas. Mediante este instrumento, la Federación descentralizaba los recursos de salud para la población no asegurada hacia los gobiernos estatales, cuya principal fuente era el denominado Ramo 33 del presupuesto federal. El Insabi comenzó a funcionar el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, con el fin de brindar servicios de salud gratuitos a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social. Una de las principales diferencias entre el Insabi y el SP es que este último tenía un modelo uniforme para descentralizar los recursos para financiar los servicios de salud de los estados. En contraste, la fórmula legal del Insabi para relacionarse con los gobiernos estatales es a través de dos tipos de acuerdos de coordinación, “según la decisión libre que tome el gobierno de cada entidad federativa”, en el que 1) el Insabi o 2) el ejecutivo estatal tiene responsabilidad “de organizar, operar y supervisar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en cada estado” (DOF, 21 de diciembre de 2020). En otras palabras, el gobierno federal puede centralizar los fondos que, anteriormente, los gobiernos estatales recibían en el marco del SP.
Este cambio , en los hechos, no es otra cosa que la recentralización de los recursos para la salud, esto sumado a que hasta esta fecha no hay aún reglas claras para la operación del INSABI ha generado severos problemas y controversias en lo referente al Pacto Federal en lo que salud se refiere, muchos gobernadores comenzaron a expresar , no sin razón, críticas severas y rechazo a adherirse al INSABI debido a que , sin reglas claras, se les obligaba a abdicar, ante la Federación del control de los recursos para financiar los servicios de salud en sus estados. Otro motivo de inconformidad ha sido, hasta la fecha, la insuficiencia de transferencias federales para enfrentar la pandemia lo que ha traído como consecuencia el que las entidades federativas hayan tenido que echar mano de recursos propios que han sido , de por sí, crónicamente insuficientes. Lo anterior ha generado la posición de algunos gobernadores, todos ellos emanados de partidos opositores al actual gobierno federal , en el sentido de que urge revisar el pacto fiscal federal, creándose así la llamada “ Alianza Federalista “ .
La pandemia está poniendo sobre la mesa varios temas que urge ya resolver: el federalismo mexicano ; el pacto fiscal que lo sustenta; el financiamiento de la Salud Pública; la falta de coordinación entre los gobiernos federal y de los estados en muchas de las políticas públicas en materia de salud y como se debería impulsar una coordinación homogénea para que los habitantes del país reciban una atención suficiente, adecuada y de calidad; que deberían hacer los estados y la federación para refinanciar un Sistema Nacional de Salud históricamente desfinanciado; que papel jugará el INSABI en todo esto y si es necesario repensarlo puesto que, desde mi punto de vista su funcionamiento, tal cómo está previsto en la ley que lo rige es un salto al pasado en materia de federalismo y financiamiento para la salud.
Michoacán no escapa a estos problemas, por el contrario, la próxima administración estatal, independientemente del partido que la dirija tendrá que vérselas con estos asuntos y plantear nuevas formas de relación y coordinación con la federación en este rubro, el de la salud cuya importancia quedó plenamente manifiesta a raíz de la pandemia en curso.
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