Se presentará en septiembre u octubre y cuenta con gran sustento ciudadano y de especialistas en la materia.
03 de septiembre de 2020.-Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados, explicó que para perfilar el proyecto se llevó a cabo un diálogo amplio con la ciudadanía a través de 35 foros estatales en todo el país durante más de un año.
El diputado federal de MORENA, puntualizó la importancia de esta nueva ley ya que su base es la de garantizar el derecho humano al agua, «todo mexicano debe tener agua para su consumo y necesidades del hogar las 24 horas del día, limpia, suficiente y salubre».
«El propósito es definir una ley operativa que se respete y se cumpla», señaló Feliciano Flores, además de innovar en mecanismos que garanticen plenamente el cumplimiento de la Ley General de Aguas y que se establezcan con claridad las competencias y atribuciones de las autoridades involucradas y la participación ciudadana efectiva, para su cuidado y saneamiento.
La propuesta para crear este ordenamiento legal está suscrita por legisladoras y legisladores de diferentes fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados; señalan que para su construcción hubo un proceso de diálogo amplio que logró una iniciativa que integra de manera equitativa las voces de todos los sectores del agua, desde organizaciones civiles, ambientales, empresariales, académicas, pueblos originarios, técnicos especialistas en la materia hídrica, entre otros.
Cabe destacar que en la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en donde se señala que el derecho humano al agua se desprende del derecho a un nivel de vida adecuado y se encuentra íntimamente relacionado con el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a un ambiente sano, a la dignidad humana, entre otros.
La propuesta de esta ley, responde a la reforma al artículo 4º Constitucional en materia de los derechos humanos al agua y al saneamiento, realizada en 2012, donde se incluye un transitorio que establece promulgar una Ley General de Aguas, y transcurridos más de siete años no existe tal.
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